“Imaginemos que cada parroquia crea su Área Residencial Estratégica (ARE) donde haya viviendas (unidades de vida) rodeadas, siempre que sea posible, de naturaleza y unas mínimas infraestructuras complementarias que dignifiquen y aporten valor diferencial.”
Como ya vimos en el artículo anterior, la actualidad del país se centra en gran medida en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley Omnibus y en las opiniones, básicamente en contra, de los diferentes colectivos vinculados al mundo inmobiliario y recientemente también al empresarial. La CEA ha emitido recientemente un comunicado donde plantea una reforma sustancial del texto legal en debate y, entre otras propuestas, se centra en rechazar de plano la cesión de derechos de uso de pisos vacíos, pide un tratamiento diferido en el tiempo de las restricciones en materia de alojamiento turístico y propone eliminar las restricciones a la inversión exterior en aquellas parroquias que ya hayan realizado estudios de carga y hayan fijado cuotas anuales de autorización de metros cuadrados construibles. La verdad es que parece un posicionamiento muy estudiado y que probablemente una parte de la población lo suscribiría. De hecho, el tema de los pisos vacíos y las medidas para gravarlos con una tasa más elevada ha dado un resultado casi nulo hasta el día de hoy, lo que hace pensar que probablemente son otras las medidas que estimularían la salida de esos pisos al mercado. Ya las hemos explicado, pero solo hay que inspirarse en cómo se ha hecho recientemente en Argentina.
Sin embargo, en el artículo anterior tratamos de dibujar un nuevo escenario para el acceso a la vivienda y nos quedamos a medias. El punto de partida fue poner en valor el Instituto Nacional de la Vivienda y así, le pedíamos que hiciera un estudio que nos permitiera saber cuál era la necesidad real de vivienda en el país y, en particular, cuántos contratos prorrogados tenían vencimiento en 2027 y de qué tipología de viviendas (ubicación y superficie) se trataba. También solicitábamos que el mismo estudio identificara la necesidad adicional de vivienda para jóvenes que desean emanciparse o de personas que se jubilan y que no tendrán acceso a una vivienda acorde a su pensión. Y, finalmente, este estudio debería identificar las necesidades reales por parroquias y la proyección que de tales necesidades han hecho los diferentes Comuns, y, por supuesto, con todos estos datos, se debería analizar el impacto que las medidas Omnibus y complementarias podrían tener sobre la sociedad y la economía del país.
Con el estudio en mano, el Instituto de referencia lo tendría relativamente fácil para saber si de Sant Julià al Pas de la Casa conviene construir 1000, 2000 o 3000 nuevos hogares y cuántos de estos en cada parroquia y de qué tipología.
Estudiado esto, pasaríamos a la acción en forma de estrategia: en esencia, podemos centrarnos en dos modelos tipo: vivienda de 50-60 m² y de 1 o 2 habitaciones y vivienda de 80-90 m² de 2 o 3 habitaciones.
Imaginemos que cada parroquia crea su Área Residencial Estratégica (ARE) donde haya viviendas (unidades de vida) rodeadas, siempre que sea posible, de naturaleza y unas mínimas infraestructuras complementarias que dignifiquen y aporten valor diferencial (huerto, gimnasio, zonas polivalentes o comercios de proximidad y otros servicios), y que se desarrollen como fruto de la colaboración público-privada, con terreno a costo cero y las más modernas técnicas de construcción rápida, eficiente, sostenible y con un costo muy inferior al convencional. Hoy ya se está construyendo en el país con esta nueva tecnología y hay ejemplos diversos perfectamente aplicables al caso que nos ocupa. Así que, aunque parezca imposible, con este modelo podemos lograr el objetivo final: alquiler a 600 y 800 euros respectivamente, para las tipologías mencionadas.
Finalmente, no estaría de más, como ya he destacado varias veces, beber de la experiencia de nuestros vecinos e importar el modelo cooperativo: terreno a costo cero, costo de construcción financiado por un banco del país concertado con el Gobierno y restitución del costo financiero con los alquileres que unos y otros pagarían, ya sea a 600 € o a 800 €, según el tamaño de la vivienda, con un contrato a 50 años a favor de los cooperativistas, ingresos que, una vez cubierto el costo de la construcción (25 años, por ejemplo), los restantes años revertirían en el Gobierno o el Comú propietario del terreno, que a su vez usarían esos ingresos para seguir afrontando nuevos retos en el ámbito de la vivienda y otros usos sociales.
Y como ya he dicho en algún medio de comunicación, si esto no se ha activado hasta el momento, es por la compleja idiosincrasia de un país, aún excesivamente conservador y, a pesar de su pequeña dimensión, totalmente fragmentado por la discordia entre el Gobierno y los diferentes Comuns.
Por otro lado, observamos un fenómeno curioso que está sorprendiendo y añadiendo confusión al actual debate omnibus sobre la vivienda. Hemos sabido en estos días que de las 354 solicitudes para optar a un piso público, el 55 % han sido rechazadas por no cumplir con las condiciones exigidas por el Gobierno, ya sea porque el solicitante tenía ingresos superiores al 30 % del precio del alquiler o porque no alcanzaba el salario mínimo y, por tanto, no podía hacer frente ni al alquiler a precio asequible, en cuyo caso, la ayuda debería venir por otra vía. Realmente, solo hay 52 casos que cumplen, y hay 73 en proceso de estudio. ¿Qué significa esto? Más allá de otras consideraciones que dejo a la imaginación de cada uno, queda claro que mucha menos gente de la esperada se está postulando para tener acceso a una vivienda a precio asequible. Para corroborarlo, vemos que para los pisos vacíos del Pas de la Casa solo ha habido 2 aspirantes por el momento. La conclusión es que, de momento, lejos de casa no quiere ir a vivir nadie. Estamos así de bien acostumbrados.
Realmente, cualquier conclusión ahora sería prematura, pues para empezar, la ciudadanía está desconcertada, ya que por un lado, solo escuchan a gente y organizaciones criticando todo a diestro y siniestro, ya sea al Gobierno, a pesar de poner vivienda a precio asequible en el mercado, como al omnibus que se considera que no ofrece medidas suficientemente contundentes para poner vivienda a precio asequible en el mercado. Probablemente, el confort de las prórrogas hasta 2027 crea un falso sentimiento de falta de necesidad, suele pasar cuando el día a día te consume y no tienes tiempo para reflexionar. Pero la realidad de 2027 será otra y muy evidente, y conviene tomar medidas urgentes encaminadas a, primero estudiar, luego planificar y finalmente construir y adjudicar viviendas a los miles de ciudadanos que en poco tiempo se darán cuenta de que la realidad es más dura de lo que han tenido tiempo de analizar.
