La digitalización está a punto de llegar a las puertas de la Justicia andorrana, hecho decisivo y necesario que supondrá un servicio público ágil, eficiente y accesible, que reducirá el tiempo de respuesta y asegurará una gestión más eficiente del servicio público de la justicia, que constituye un derecho constitucional de todos los ciudadanos.
El día 31 de marzo de 2022 fue aprobada la Ley 7/2022, del 31 de marzo, de acceso electrónico de la Administración de Justicia (en adelante la Ley 7/2022), la cual ha sido creada especialmente para dar un paso adelante en cuanto a la digitalización de los expedientes judiciales y por tanto, iniciar una transformación digital del sistema judicial andorrano.
Esta Ley se suma a otras ya aprobadas en el Principado para regular la aplicación de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos, como la Ley 35/2014, del 27 de noviembre, de servicios de confianza electrónica y la Ley 9/2021, del 29 de abril, de modificación de la Ley 35/2014, del 27 de noviembre de servicios de confianza electrónica.
Asimismo, en orden a dar cumplimiento a la Ley 7/2022, durante el año 2023 son diversos los convenios de colaboración que el Consejo Superior de Justicia ha firmado, entre otros, con el Ministerio de Justicia e Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Caja Andorrana de Seguridad Social, las entidades bancarias del Principado, la Asociación de Bancos Andorranos, y la Autoridad Financiera Andorrana. También se han llevado a cabo sesiones informativas al respecto con abogados, procuradores, policía, penitenciarios, y con el Registro Civil.
Esta Ley 7/2022 establece un nuevo sistema de comunicación y gestión procesal mediante los nuevos sistemas informáticos que permiten la comunicación, la notificación, la consulta y el archivo de todos los documentos procesales que forman el expediente electrónico al cual pueden acceder todas las partes y los tribunales, siempre garantizando los principios de uso e interés público, confidencialidad, integridad, interoperabilidad y seguridad de los datos.
De acuerdo con lo establecido en su Disposición final quinta, esta Ley no entraría en vigor hasta pasados 2 años de ser publicada. Sin embargo, recientemente, el mismo Consejo Superior de Justicia ha informado que la digitalización de la Administración de Justicia no llegará en las fechas previstas, y solicita retrasar el proyecto hasta el próximo año, concretamente, hasta febrero de 2025. El mismo Consejo ha indicado que no será posible cumplir con las fechas contempladas atendiendo a que se necesita más tiempo para implementar lo que dicta la norma, teniendo en cuenta que la digitalización requiere adaptar todo el software y el sistema informático existente.
Además, aún no se han podido gestionar todas las formaciones necesarias al personal que se verá implicado, por lo que se ha visto oportuno solicitar la ejecución de un cambio de la Ley 7/2022 con el fin de retrasar el plazo acordado inicialmente para abordar la digitalización, y asimismo para hacer algunas modificaciones técnicas.
En vista de lo que propone el Consejo Superior de Justicia, para poder desarrollar dicha iniciativa, una Comisión de Trabajo elaborará normas técnicas y establecerá una estructura y un formato técnico para garantizar el éxito de la digitalización de los expedientes judiciales. Además, se pretende arrancar con pruebas piloto y mantener inicialmente la convivencia entre el mundo del papel y el mundo digital para que la transición sea más cómoda.
En definitiva, aunque el proceso de digitalización de la Administración de Justicia andorrana pueda tardar más tiempo del previsto inicialmente, se trata de un proyecto suficientemente importante y necesario como para abordarlo con las mejores condiciones posibles con el fin de garantizar un sistema que funcione correctamente y sea fiable y que, al fin y al cabo, cumpla con las expectativas generadas.