Las últimas semanas, algunos medios sensacionalistas del país vecino del sur, han aprovechado la noticia del traslado de residencia a Andorra de algún personaje famoso en el sector digital y del entretenimiento, para cargar contra nuestro país, por darle amparo y contra el mismo individuo, por insolidario al renunciar a contribuir con el pago de sus impuestos a las necesidades de su país.

A partir de esta noticia, también nuestros medios se han hecho eco y se ha entrado en un debate que se ha visto ampliado con declaraciones de políticos y gobernantes españoles que abogaban por incluir Andorra en la lista de países considerados “paraíso fiscal” respecto a la normativa fiscal española y la subsiguiente reacción de las autoridades andorranas defendiendo con toda la razón del mundo, la impecable evolución de nuestro país en la homologación con Europa a nivel fiscal y en la apuesta decidida por la transparencia y el intercambio de información fiscal en perfecta línea con la OCDE y la UE.

Pero es que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda de España se ha reiterado en el hecho de introducir en la lista de paraísos fiscales aquellos países que se consideren de “baja tributación” tales como Irlanda, Luxemburgo, República Checa y Chipre, a demás de Andorra claro, planteamiento que se aleja mucho de la realidad que vivimos en nuestro país, con una presión fiscal del 26,5%, superior a la de muchos países de la UE. De hecho, los últimos años hemos suscrito 24 convenios de intercambio de información fiscal y 8 convenios para evitar la doble imposición, más aquellos que están en negociación avanzada, y todo ello no seria posible si no fuese por el rigor, el compromiso y la transparencia del ofrecimiento negociador andorrano.

Andorra no es sólo una jurisdicción competitiva fiscalmente, sino que también tienen mucho que ver factores clave como la calidad del sistema sanitario, considerado uno de los mejores del mundo por The Lancet, el entorno natural, la oferta educativa y la seguridad ciudadana con uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo.

El sindicato español de referencia se ampara en el perjuicio que han causado determinadas multinacionales a las arcas de algunos estados europeos, pero claro, no se puede comparar Andorra con ninguno de los países que han acogido históricamente dichas empresas, ya que en nuestro caso es diferente, infinitamente minúsculo e insignificante. De hecho, sólo hace falta comparar los intereses de grandes empresas en Irlanda o Luxemburgo, para comprender el agravio injustificado que se quiere causar a Andorra. Ya veremos como acaba la discusión en el seno de la UE, pero Andorra debe quedar forzosamente fuera de tal debate porque más allá de la homologación y el compromiso en el contexto europeo, nunca hemos renunciado a nuestra soberanía fiscal de la que deriva un sistema de tributación y recaudación dimensionado con la estructura y necesidades de nuestro estado.

Lo dejaba muy claro hace unos días en un programa de televisión un conocidísimo personaje del mundo digital al afirmar que, después de vivir 5 años en Andorra y aunque su país de procedencia bajase la tributación al nivel andorrano, no volvería porque aquí ha encontrado la paz, la estabilidad, la salud y un entorno incomparable. Y esta es la única realidad que se debe considerar al evaluar nuestra jurisdicción por parte de aquellos que la analizan o la juzgan. Somos un país pequeño y vulnerable, pero a la vez con unas virtudes que lo hacen único. Por eso, cada vez más ciudadanos del mundo, cansados de vivir en grandes ciudades con grandes problemas, buscan un oasis de paz y harmonía como Andorra, un país del cual quien lo conoce, se enamora.