Administrativo
En el área de derecho público, Augé Legal&Fiscal ofrece servicios de asesoramiento tanto consultivo como contencioso. Estos servicios, son prestados tanto a clientes privados como a entidades del sector público, en las diferentes materias que tienen mayor preminencia en nuestro país.
Asistimos a nuestros clientes por lo que respecta a contratos con la administración, de la misma manera que asesoramos sobre el redactado de la legislación a determinados actores públicos de Andorra.
La vocación inmobiliaria e inversora del fundador de nuestro grupo, ha llevado a la firma a especializarse en derecho urbanístico andorrano, así como a defender a sus clientes en causas judiciales que han derivado de expedientes sancionadores o resoluciones administrativas.
Contratación pública
La firma se encarga del asesoramiento tanto a sociedades privadas como al sector público en la preparación y adjudicación de contratos. Asimismo, ofrecemos nuestra visión y conocimientos en la supervisión de textos legislativos que regulan entidades del Principado de Andorra como puedan ser colegios profesionales. Por supuesto, asesoramos a nuestro cliente en el procedimiento de preparación de contratación y ejecución de contratos públicos.
Derecho urbanístico
Augé Legal&Fiscal asiste en materia de gestión, planeamiento y ejecución urbanística a empresas que precisen ayuda en este ámbito. El asesoramiento se realiza multidisciplinarmente pues intervienen elementos de derecho inmobiliario, fiscal, administrativo e incluso del medio ambiente.
Así pues, nuestro grupo ha asesorado en el desarrollo urbanístico de distintos proyectos del Principado de Andorra, de la misma manera que a día de hoy se encuentra asistiendo en la planificación de un plan de acción inmobiliario de alto Standing de la mano de la administración del país. Por ello, podemos elaborar convenios urbanísticos, tramitar autorizaciones y licencias urbanísticas e implantar proyectos inmobiliarios con éxito.
Contencioso-administrativo
Toda persona física o jurídica que tiene un vinculo con la administración pública de Andorra, puede encontrarse en algún momento ante un procedimiento de inspección, ante una resolución de expulsión o de denegación de renovación del permiso de residencia.
Toda persona con una propiedad inmobiliaria puede verse envuelta ante sanciones de órganos administrativos por inmisiones, por quejas o por presuntos incumplimientos de la normativa urbanística. Son muy diversos los casos en los que la administración pública puede intervenir y emitir resoluciones que condicionen tanto a particulares como a sociedades de capital.
Es por este motivo, que el equipo de juristas de nuestra empresa lleva a cabo la defensa tanto en vía administrativa como en sede judicial si el litigio no se resuelve en instancias previas. En este sentido, y pese a la dificultad de revertir decisiones de la propia administración en la vía administrativa, velamos por la reducción de las sanciones u otras implicaciones de las mismas, a efectos de evitar la vía judicial y para poder revertir también la situación del cliente con mayor celeridad.