En enero de 2022, el M.I. Gobierno de Andorra aprobó un nuevo decreto de fijación del salario mínimo horario interprofesional por el que este incrementaba en un 3,3% dejando sin efecto el decreto aprobado en octubre de 2021, que determinaba un aumento del 3,2%.

Esta modificación se dio a raíz de que el Índice General de Precios al Consumo (IPC) en 2021 aumentó considerablemente. Por tanto, de acuerdo con la Ley de nuevas medidas excepcionales y urgentes debida a la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia del SARS-CoV-2 en la que nos encontrábamos, el Gobierno debía aprobar un decreto por el que se incrementara el salario mínimo interprofesional por el año en curso en el mismo porcentaje que la variación anual del IPC para no penalizar el poder adquisitivo de la masa salarial del país.El nuevo incremento suponía una retribución neta mensual de 1.157,87€, es decir, de 6,68€/hora a partir del 1 de enero de 2022.

Debemos tener en cuenta que al igual que el IPC implicó que se aumentara el salario mínimo desde las instituciones, éste no dejaba de derivar de un incremento de precios en casi todos los sectores de la vida cotidiana como por ejemplo la restauración, los alquileres, la alimentación, etc… y posteriormente el inicio de la Guerra de Ucrania todavía pronunciaba más el encarecimiento de los productos de primera necesidad y de los combustibles, por tanto, era del todo inviable que la población pudiera sostener su economía con los mismos salarios bases.

Unos meses más tarde, cuatro concretamente, la cúpula de Gobierno afirmaba que pondrían en funcionamiento un nuevo decreto que representaría una subida del 3,64%, y el salario mínimo interprofesional quedaría establecido en 1.200,00 € mensuales.

Eso sí, esta subida sólo afectará a todas aquellas personas que perciban sumas entre el salario mínimo y el medio, fijado en 27.130,44€ al año, y sólo podrá aplicarse a todos aquellos trabajadores que no hayan recibido por parte del empresario el aumento del 3,3% (IPC) en enero de este año.

El objetivo de todas estas modificaciones es poder llegar a la consolidación del tejido económico y empresarial, a la competitividad salarial, a la sostenibilidad económica fomentando fomentar el ahorro y la transición energética. Sin embargo, se mantiene una gran preocupación por impedir que haya desigualdad entre clases sociales y medidas como éstas ayudan a regular la economía contribuyendo a la igualdad.